La reciente legislación en materia de seguridad pública entre incoherencias sistemáticas e irracionalidades político-criminales.

Con relación al tema de la tutela del orden público, el Estado de derecho no puede limitarse a intervenciones simplistas siguiendo la lógica de la mera represión o del rigor de las sanciones penales. Una política criminal racional requiere, junto con la represión de la conducta caracterizada por la nocividad social una solución, aunque no fácil, de las cuestiones de política social. Las políticas de seguridad también incluyen políticas para prevenir y reprimir el crimen, pero no terminan con ellas. Una mayor protección de las personas no se garantiza sorteando los principios constitucionales o vaciando la opción ofensiva, sino respetando la legalidad constitucional.