"Fortiter in re, suaviter in modo" el green pass entre obligaciones de vacunación subrepticias, controles ambiguos y comportamientos penalmente relevantes.

La necesidad de afrontar la emergencia coronavirus ha determinado respuestas inmediatas y, a menudo poco ponderadas, con obvias repercusiones sobre el correcto funcionamiento del sistema de regulación. La introducción del certificado verde al final se ha entendido, a falta de una ley que previera la obligatoriedad de la suministración de la vacuna anticovid, como un instrumento simplista dirigido a la vacunación en masa. La escasez de datos seguros sobre la capacidad de la vacuna de contrarrestar la pandemia y, más aún, la información contradictoria proporcionada por las organizaciones médicas institucionales sobre la ausencia de posibles patologías relacionadas con la vacunación, han conseguido aumentar el miedo de las personas, con el consiguiente rechazo a la vacunación. El circuito de los medios de comunicación, además, en vez de proporcionar información correcta, ha incrementado, por meras razones de share, el fenómeno de los brotes patológicos post-inmunización y de esta forma ha contribuido a fomentar los alarmismos más disparatados. La institución del green pass y las sanciones con él relacionadas corren el riesgo de facilitar discriminaciones y tratamientos diferenciados entre los sujetos inmunizados y los no vacunados.